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Radiografía política De. Aquiles Cruz Ramales *.- 815 órdenes de aprehensión por delitos lectorales.

En Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se acumulan cientos de denuncias contra candidatos, partidos, o terceras personas, por el proceso electoral que se lleva a cabo en Coahuila, EDOMEX, Nayarit y Veracruz; obran 815 órdenes de aprehensión

En el actual proceso electoral, el incumplimiento de la ley se volvió explícito con los videos donde Eva Cadena Sandoval aparece recibiendo fajos de dinero cuyo presunto destinatario era el dirigente de Morena Andrés Manuel López Obrador. La ex candidata de ese partido a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz ahora es buscada por la PGR, toda vez que incumplió un citatorio con la FEPADE, instancia ante la cual, el 2 de mayo, debía declarar por las aportaciones que recibió según se aprecia en material vídeo-gráfico (difundido por El Universal a partir del 24 de abril). Cadena Sandoval, quien ante la posibilidad de ser detenida o requerida solicitó una suspensión provisional para ampararse, está señalada de violación al artículo 15 de la ley en materia de delitos electorales.

Contra la diputada con licencia obra una denuncia en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) interpuesta por el PAN. Dos más en la Fiscalía General del Estado de Veracruz, impulsadas por los diputados locales de Morena y por la misma FGE; otras dos en la Fiscalía Especializada en Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, interpuestas por la cámara legislativa veracruzana y por la FGE. Cabe mencionar que de acuerdo al tercer video que expone en flagrancia a Cadena Sandoval, la aportación correspondiente, tenía como destino, la modificación de una ley.

 

Más de 500 denuncias en la FEPADE

Por lo que respecta a la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales, no son pocos los recursos interpuestos en el marco de la contienda abierta actualmente en cuatro entidades federativas, donde el 4 de junio habrá de celebrarse elecciones. De acuerdo a la última actualización de la “estadística básica” referente a denuncias y elaborada por la fiscalía, del 1 de septiembre de 2016 al 30 de abril, se han abierto “551 expedientes” por posibles irregularidades cometidas durante el presente proceso electoral. Uso indebido de recursos públicos, compra de votos, retenciones ilegales de salarios, entrega de tarjetas electrónicas, son algunas de las faltas en las que presuntamente han incurrido aspirantes así como terceras personas (funcionarios públicos, por ejemplo).

 

Dirigente Ochoa Reza con candidato coahuilense Riquelmem Solis, señalado por extorsion

Entre las carpetas de investigación iniciadas, algunos “asuntos” están considerados como “relevantes”, siendo éstos los casos de la utilización de presupuesto federal y estatal en Coahuila, para favorecer al aspirante del PRI a la gubernatura; lo mismo que la entrega de “despensas”y monederos electrónicos por parte de los gobiernos de la república y del EDOMEX, en el municipio de Huixquilucan, con motivo de la Feria de Servicios de la Administración Federal; asuntos a los que, entre otros, se suma el de operación “con fines electorales” del programa gubernamental Seguro Alimentario “Prosa” en Nayarit.

 

Veracruz a la cabeza en delitos electorales

En proporción con el número de habitantes (8 millones 112 mil 505), Veracruz se sitúa a la cabeza en materia de transgresiones cometidas durante el proceso electoral. Conforme al balance correspondiente, elaborado por la FEPADE, “al ponderar por la población del estado, se tiene que Veracruz es la entidad con mayor incidencia delictiva con 3.9 expedientes iniciados por cada 100 mil habitantes”. En lo referente a ese territorio, donde se disputan 212 alcaldías, hay 51 expedientes abiertos y 266 averiguaciones previas, así como 619 órdenes de aprehensión vigentes; entre otros datos: se han abierto carpetas en contra del PAN por alteración de registro federal de electores y por desvío de recursos con fines electorales; contra el PRD, por apoderamiento de documentos electorales en Tantoyuca; contra el PRI (en conjunto con el Partido Alternativa Ciudadana) por no justificar gastos ordinarios o de eventos proselitistas. El documento, actualizado al 30 de abril, contempla el caso de Eva Cadena Sandoval, candidata fallida a la alcaldía de Las Choapas: “La FEPADE toma conocimiento de los hechos publicados el día 24 de abril de 2017, a través de un portal de internet, en el cual se da a conocer que ‘representante de MORENA recauda dinero para AMLO’”; situación ante la cual “se inicia (expediente) de forma oficiosa por la probable comisión de algún delito de naturaleza penal federal electoral”.

 

Estado de México: acarreo, dádivas y desvíos

Con 16 millones 187 mil 608 habitantes, el EDOMEX ocupa el segundo lugar en delitos electorales, con incidencia promedio de 1.2 expedientes. En términos del actual proceso, acumula 178 carpetas de investigación, 10 averiguaciones previas, así como 194 órdenes de aprehensión vigentes. Entre los “asuntos relevantes” contemplados por la FEPADE, se abrió una investigación por utilización de recursos y programas sociales de Huixquilucan. Presuntamente los gobiernos federal y estatal llevaron “acarreados” a la Feria de Servicios de Administración Federal, acto encabezado “por el Jefe de la Oficina de la Presidencia, Francisco Guzmán y por el gobernador Eruviel Ávila”, donde se habría repartido “despensas y tarjetas electrónicas con dinero”. En el plano de la contienda, se ha señalado a Josefina Vázquez por haber recibido 900 millones de pesos del gobierno federal de Enrique Peña Nieto entre 2015 y 2016, para su fundación Juntos Podemos, recurso del que presuntamente la panista no comprobó su destino. La candidata de Morena, Delfina Gómez Álvarez, también ha sido acusada haber descontado 10% de sueldo a trabajadores de gobierno para canalizarlo a las arcas de MORENA, cuando fue presidenta municipal de Texcoco. En el caso del PAN, la FEPADE no adjudica esa “conducta” y tratándose de MORENA, sin especificar, señala: “Destinar bienes o servicios que tenga a su disposición, en virtud de su cargo, al apoyo al perjuicio de un precandidato, partido político, coalición, agrupación política o candidato”.

En esa entidad, también se disputan la gubernatura Alfredo del Mazo Maza (PRI), Juan Zepeda (PRD), Óscar González (PT) y Teresa Castell (independiente).

 

Coahuila: apoyos almacenados y compra de votos

Con una población de 2 millones 954 mil 915 residentes, Coahuila ostenta actualmente el tercer lugar en violaciones a la ley electoral, con promedio de 1.2 en términos de incidencia delictiva. En el estado norteño, obran 35 carpetas de investigación iniciadas, una averiguación previa y una orden de aprehensión vigente. Sobresale el caso de manejo indebido de recursos y apoyos otorgados vía Fondo para la Atención de Emergencias (FONDEN) en Torreón, lo cual denunciaron apoderados del PAN, en contra del precandidato del PRI a la gubernatura, toda vez que, presuntamente, lo que estaba dispuesto para repartirse se halló almacenado “en una bodega, cuatro meses después” de deberse haber entregado. Por otro lado, el Revolucionario Institucional denunció que el candidato del PAN, José Guillermo Anaya Llamas, el senador Luis Fernando Salazar y Bernardo González, financiaron la creación de consejos ciudadanos en distintas localidades, a efecto de crear redes de apoyo ciudadano, a través de la entrega de despensas a cambio de sufragios para Anaya Llamas, teniendo como base una red de 13 mil 700 promotores del voto. Además del contendiente de Acción Nacional, en territorio coahuilense compiten por el gobierno del estado, Miguel Riquelme Solís (PRI), Armando Guadiana (MORENA), Mary Thelma Guajardo (PRD), José Ángel Pérez (PT) y Luis Horacio Salinas (independiente). Aparte, están en juego 28 alcaldías y 25 diputaciones.

 

Por lo que a reputación respecta, el caso de Riquelme resulta destacable, toda vez que en 2015 fue señalado por policías y ex agentes de haberles ordenado extorsionar a automovilistas, a fin de canalizar lo recolectado a funcionarios de primer nivel. Por otro lado, Armando Guadiana Tijerina fue investigado en 2011 por presuntamente haber amenazado de muerte al periodista Pablo Gudiño Cadena. A Anaya Llamas se le atribuyen nexos con Guillermo Flores Cordero, “declarado culpable por lavado de dinero en Texas”.

 

Nayarit: programa de gobierno con miras electoreras

Se trata del estado con menor índice de incidencia delictiva en el proceso electoral 2016-2017, con un promedio de 0.8 expedientes abiertos. Según el reporte oficial, cuenta con un millón 181 mil 050 habitantes. Apenas acumula 9 carpetas de investigación en los registros de la FEPADE y una averiguación previa; órdenes de aprehensión vigentes, una. Igualmente, solo se le atribuye un asunto como relevante: “Se turnó a la Comisión de Gobernación, en la Cámara de Diputados, punto de acuerdo por el que se exhorta a esta fiscalía…se investigue el programa de seguro alimentario ‘Prosa’, que implementa el gobierno del estado de Nayarit, con el objeto de que se evite el uso de este programa con fines electorales”. En tierras nayaritas, se contiende por la gubernatura, 20 alcaldías y 30 diputaciones. Se disputan la administración estatal: Manuel Humberto Cota Jiménez (PRI-PVEM-PANAL), Antonio Echavarría Domínguez (PAN-PRD-PT-PRS), Miguel Ángel Navarro Quintero (MORENA), Raúl José Mejía González (MC); así como Víctor Manuel Chávez Vázquez, Antonio Ayón Bañuelos e Hilario Ramírez Villanueva (Independientes).

Sobresale el caso de Cota Jiménez, a quien el grupo de hackers Anonymus, lo relacionó con la fuga del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, toda vez que habría contribuido a facilitarle un avión al político de extracción priista, para que escapara junto con su familia, en medio de señalamientos por “enriquecimiento ilícito” y “peculado”, entre otros.

 

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